sobre la privatización de la Universidad Pública

Nuestra universidad, como muchas otras, tiene los problemas propios de cualquier institución pública en el Perú. De manera particular notamos problemas de presupuesto, problemas en la administración de ese presupuesto, problemas en la calidad de la enseñanza -como reflejo de los bajos salarios de los docentes- y a todo esto hay que agregar que a los encargados del gobierno actual y constantemente reciclados para ejercer dicha función, les falta entendimiento del tema en cuestión. La visión que tienen o quieren tener de la educación superior deviene de su condición social.

Así la última propuesta de la congresista Martha Hildebrant carece de realismo, por asi decirlo. Nos referimos, principalmente, al impacto social que ha causado y causará de ser aprobado su proyecto de ley en la Universidad Pública. Tantas veces nombrada en las campañas electorales y poca o nada atendida cuando este periodo acaba y el partido en el gobierno se siente seguro de la cuota de poder obtenida, es la universidad pública motivo de la preocupación de quienes en este momento realizamos nuestra preparación en ella.

De ahi nuestra posición. No aceptamos, ni aceptaremos que quien olvidó que la universidad es un centro de investigación y no un centro del cual sacar el dinero para parchar el presupuesto magro que se le asigna a ella intenten privatizarla con el cuentazo de: "Que paguen los que tienen, en favor de los que no tienen". O sea que los que "tienen" hagan caridad con los pobrecitos que no tienen. Descubramos la farsa antes que nos terminen de nublar la vista. Nosotros no necesitamos caridad, necesitamos atención urgente a nuestros problemas. Que el gobierno no lo entienda asi es su problema, pero que a nosotros no nos vendan gato por liebre


Desde abril aplicarán la Ley de Insumos Químicos

• Combatirá sustancias usadas en elaboración de narcóticos.


Rómulo Pizarro, presidente de Devida

.Dentro de dos meses, en abril próximo, se comenzará a aplicar la Ley de Control de Insumos Químicos a fin de restringir el uso de esas sustancias en la elaboración de estupefacientes, anunció el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro.

El ex ministro del Interior precisó que con la aplicación de esa norma y su respectivo reglamento las autoridades podrán actuar directamente sobre el primer eslabón de la cadena de producción de droga: los insumos.

Pizarro refirió que la Ley de Control de Insumos Químicos fue promulgada el 2004, y su reglamento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 2005.
Una ley con plazos

Agregó, sin embargo, que su aplicación no fue posible aún porque la ley misma establecía plazos para que las empresas privadas y el propio Estado adecúen sus mecanismos de control sobre las sustancias contempladas en la norma.

"Ya estamos trabajando con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio del Interior para que la ley pueda comenzar a aplicarse no más allá de abril", comentó luego de reunirse con el titular de Osinerg, Alfredo Dammert, con quien también conversó sobre la aplicación de la norma en mención.

Osinerg, como se sabe, supervisa la comercialización de kerosene, uno de los 27 insumos químicos sujetos a control del dispositivo legal por ser utilizado en la elaboración de droga.
De otro lado, Pizarro informó que Devida ha solicitado 55 millones de dólares para ejecutar el Programa de Impacto Rápido 2007, mediante un crédito suplementario, a fin de dotar a las autoridades de la logística necesaria.

García acusó a italiano Siragusa de haber sobornado a almirantes

Versión del presidente alcanza al vicealmirante Luis Giampietri • Señaló que oficiales que recibieron coimas eran responsables de las adquisiciones. Entre ellos estaba Luis Giampietri.
Ángel Páez. Unidad de Investigación.


Alan García dijo que se pagaron coimas en compra de repuestos de misiles.

Enterado de que el italiano Sergio Siragusa estaba involucrado en el caso de la compra de repuestos para misiles Otomat, Alan García Pérez acusó al empresario italiano de haber pagado sobornos a los oficiales de la Marina que participaron en la operación comercial. Mencionó que el contacto de Siragusa era el vicealmirante Francisco Rabines Cardoso, integrante de la Junta de Adquisiciones de la Marina. La junta la presidía el vicealmirante Luis Giampietri Rojas.

El caso ha sido abierto por el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos Palomino.
Bajo el título "La patraña va descubriéndose", desde el exilio García escribió dos artículos referidos al hecho. En el segundo, fechado el diez de octubre de 1996, señaló: "Ahora se descubre que Siragusa era socio económico del gobierno (de Fujimori) en las compras de armas y misiles. Cobró comisiones y sobornó a los responsables de las compras".
Habla, memoria
García se refería a las adquisiciones efectuadas a Oto Melara en 1995, aprobadas por la Junta de Adquisiciones que encabezaba Giampietri.
García fue más preciso: "Uno de esos responsables (de las compras) es el vicealmirante Rolando Rabines, casado con Rosa Zanatti, hermana de (Alfredo) Zanatti y accionista en todas sus empresas. He aquí la relación económica de Siragusa y Zanatti".
Siragusa, que representaba a la empresa Tralima, afirmó a las autoridades que le había pagado un soborno a García a cambio de la concesión de la construcción del tren eléctrico. García siempre lo negó. Entonces Siragusa afirmó que el dinero se lo entregó a Alfredo Zanatti. Durante el gobierno de Fujimori, Zanatti, efectivamente, fue usado por Vladimiro Montesinos para incriminar a García.
Cuando estalló en Italia el caso de las presuntas coimas que pagó la empresa Oto Melara en Perú para vender misiles Otomat a la Marina y se reveló que Sergio Siragusa era representante de Oto Melara, García ató cabos: la mafia de Montesinos, muy vinculada a la compra de armamento, presionó a Siragusa para que acusara al ex presidente de haber entregado un soborno por la concesión del tren eléctrico.
Relaciones de sangre


Alan García afirma que Sergio Siragusa pagó sobornos a los oficiales de la Marina que aprobaron la compra de repuestos para misiles Otomat, en 1995. Entre esos oficiales estaba Giampietri (abajo), quien rechaza que en las adquisiciones se cobraron "comisiones".Por eso, Alan García concluyó: "Para más pruebas, el abogado de Siragusa, J. (Javier) Corrochano (Patrón, vinculado a Montesinos), es socio y directivo de todas las empresas de Zanatti. Además, los almirantes encargados de la compra de armas también dirigían el proyecto del tren (eléctrico)".

García estaba en lo correcto cuando afirmó que Siragusa no solo era el representante de Tralima sino también de Oto Melara.
Procre EIRL, la empresa de Siragusa, representaba a Tralima y a Oto Melara. Pero cuando Siragusa resultó envuelto en el caso del tren eléctrico, para no perder la representación de la fábrica italiana de armamento, transfirió Procre EIRL a su empleado Ascensión Cubas Muñoz, como consta en los Registros Públicos. Luego Cubas constituyó la Empresa de Representación y Consultoría S.A. (Ereconsa), como representante de Oto Melara, lo cual consta en los documentos de la Marina.
Dato confirmado
Pero, ¿cómo llegó Siragusa a vincularse con la Marina? Por su relación con el director ejecutivo de la AATE, el comandante AP (r) Enrique Koch Scheammel, compañero de promoción de Francisco Rabines, miembro de la Junta de Adquisiciones de la Marina que presidía Giampietri. Rabines y Giampietri aprobaron las adquisiciones a Oto Melara de los repuestos para los misiles. Alan García Pérez había recibido información sensible.
Más de una década después, la versión de García salpica al actual primer vicepresidente de la República, vicealmirante (r) Luis Giampietri. "Yo no conocía esa declaración del señor García", señaló a La República: "Pero si eso es lo que dijo, entonces en su oportunidad deberá explicar por qué lo dijo".
Como ayer informó La República, el congresista Jorge del Castillo también dijo en 1996, como García, que en la compra de repuestos de misiles se pagaron sobornos. El fiscal que investiga el caso, Óscar Zevallos, tendrá que recabar los testimonios de ambos.
Giampietri aclara
Luis Giampietri manifestó que García podría haber recibido una información errónea. Por ejemplo, precisó que el vicealmirante Francisco Rabines sólo participó al principio de una de las cuatro operaciones de adquisición de repuestos para misiles Otomat. "Luego se retiró para recibir atención especializada porque se le detectó cáncer a la próstata. Además, ningún oficial que integró la Junta de Adquisiciones trabajó en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE)".
Es verdad, pero también es cierto que hubo ex marinos en la AATE, como el comandante (r) Enrique Koch, compañero del vicealmirante Rabines, cuñado y socio de Alfredo Zanatti, cuyo abogado era Javier Corrochano, conocido por sus vínculos con Montesinos.
"Yo no traté con los proveedores. Jamás me reuní con ninguno. No tuve contacto directo con nadie", arguyó Giampietri.
"¿No lo llamó el presidente Fujimori o el asesor Montesinos indicándole que aprobara la compra a alguna compañía en particular?", le preguntamos.
"Jamás", respondió Giampietri: "Solo una vez me telefoneó el presidente Fujimori y fue cuando ya no estaba en la Marina. Y lo hizo para preguntarme un dato muy preciso sobre mi permanencia como rehén en la residencia del embajador japonés".
"¿Y en el caso de Montesinos?", le pedimos precisar.
"Tampoco. Una vez nos cruzamos en una reunión por el Día de la Marina y le pedí que me contara lo que había pasado fuera de la residencia japonesa durante mi permanencia en ese lugar y quedamos en reunirnos, pero jamás se produjo el encuentro", manifestó Gampietri: "Las fotografías de esa ocasión son usadas hoy por quienes pretenden vincularme con el ex asesor. Pero niego haber sostenido amistad con ese señor".
"Tendrían que haber sobornado a todos los oficiales que participaron en la evaluación técnica y en la aprobación de las adquisiciones a Oto Melara. Y fueron más de 30", dijo el vicealmirante (r) Giampietri: "No estoy en contra de la investigación fiscal y me allano. Soy el primero en ofrecer mi declaración. Repito: nunca recibí ninguna comisión. Ninguna".
El otro flanco

Vicealmirante Francisco Rabines también intervino en las compras.La fiscal anticorrupción Marlene Berrú Marreros también investiga a Giampietri por haber aprobado compras de equipos de defensa a empresas de conocidos cómplices de Montesinos, entre ellos Moshe Rothschild, Claus Corpancho y Enrique Benavides. "A ninguno recibí en mi despacho ni en ninguna parte", señaló: "A Rothschild me parece que me lo presentaron en una reunión oficial. Además, cuando se hicieron las compras, esos señores no estaban involucrados en casos de corrupción. Y ya lo hemos comenzado a demostrar".
Giampietri hacía referencia a la decisión de la fiscal Berrú de ampliar la investigación sobre la compra de armamento, porque tanto la Contraloría General de la República como la Comisión Herrera no le permitieron ejercer su derecho a la defensa a él y a otra veintena de ex altos oficiales de la Marina.
"Ha pasado más de una década y ese caso no se cierra, y no por nuestra culpa. Pero aquí estamos", expresó Giampietri.
Claves
AFICIÓN. La experiencia en la adquisición de equipos de combate fascinó a Luis Giampietri. En 1999, ya en el retiro, y luego del cautiverio en la residencia del embajador japonés, fundó la Consultora y Mantenimiento de Equipos de Defensa S.A., para asesoramiento en venta de armas.
SOCIOS. El italiano Antonio Massignan y el peruano Gino Musso Marsano son accionistas con Giampietri, quien dijo que la empresa no llegó a funcionar.
Los ‘‘asesores" de Oto Melara
El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas, explicó que la empresa Oto Melara es la que designa a sus representantes en Lima y que la Marina, luego de corroborar las respectivas autorizaciones, contacta con estos.
El italiano Aldo Chiarelli vino a Lima para conocer los requerimientos de la Marina respecto de los repuestos de misiles Otomat. "La compañía no se presentó para hacer ofrecimientos de ningún tipo porque la institución funciona de acuerdo a planes estratégicos", dijo.
En declaraciones al Ministerio Público, Sergio Siragusa y Ascención Cubas Muñoz confirmaron que asesoraron a la compañía Oto Melara y presentaron documentos que acreditaban que la empresa italiana les había conferido dicha representación para el caso de los contactos con la Marina.