Oposición al fallo de la CIDH
CON LICENCIA PARA MATAR
Escribe: Dante Castro
La prensa local, hoy convertida en brazo armado de la represión del Estado, se ensaña con los familiares de los presos asesinados en el penal Castro Castro (Canto Grande), en 1992. El genocida Giampietri, con las bendiciones del obispo Cipriani, se ha pronunciado para que no se consienta el fallo de la CIDH. Aclaran los enfurecidos fascistas, militares, policías y periodistas, que a quienes mataron -rendidos o heridos- no son seres humanos, sino "terroristas". Por lo tanto, no se debe indemnizar a las familias de los occisos (léase: asesinados).
Nuestro reclamo no puede ser una apología del terrorismo, puesto que todos los que nos conocen saben que discrepamos profundamente del fundamentalismo gonzalista. Saben que polemizamos con ellos públicamente, en cualquier auditorio, sin dar cuartel a la desviación ideológica del más grande revisionista de la historia peruana. Estamos por publicar un libro de polémica sobre este tema y no necesitamos disculparnos frente a los aparatos de seguridad ni tampoco con los ciegos seguidores de Guzmán, que son muchos.
Justamente los GONZALISTAS hoy abogan por la amnistía de los violadores de derechos humanos, de los soldados y policías que asesinaron presos políticos, justificándose en la manida frase, hueca y sin sentido: "SOLUCIÓN POLÍTICA A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA". Entonces que no se nos intente colgar el sambenito ajeno. Nuestra organización política, el ML-19, condena el fundamentalismo gonzalista, las consecuencias de sus desviaciones y su secuela reciente de claudicación y traición a sus propios mártires. A nosotros nos preocupan no sólo las víctimas de un solo partido u organización, sino los miles de asesinados, desaparecidos y torturados por las FFAA y las FFPP durante la guerra sucia o campaña antisubversiva, con mucho mayor énfasis que los abusos, excesos y crímenes que haya cometido la subversión.
¿Por qué a unos más y a otros menos?... Ya lo hemos explicado en artículos anteriores. A quien corresponde aplicar la Defensa del Estado y del Orden Público de acuerdo a las leyes de un Estado de Derecho, se le exige respetar esa legislación porque actúa en nombre de la sociedad legítimamente organizada. No es lo mismo que bandas, grupos irregulares, ilegales y/o clandestinos que conspiran contra el Estado y violan la ley que no reconocen.
Eso lo entiende mucha gente que nos escribe y participa del debate. Si hay algún discapacitado mental que todavía no entienda la diferencia, le pondremos un ejemplo más: Las fuerzas del orden no pueden ponerse al mismo nivel que las bandas de atracadores, que los secuestradores al paso y narcotraficantes, basándose en una absurda reciprocidad: si el enemigo de la ley lo hace, quien defiende la ley, ¿también puede hacerlo?. La responsabilidad de quien opera en defensa del orden constitucional es de otra naturaleza. Con su accionar, legitima o deslegitima ese orden constitucional.
Pues bien, los "heroicos" defensores de la Patria se han especializado en victorias pírricas contra enemigos desarmados, rendidos o heridos, como en la masacre del penal Castro Castro en 1992. Aquellos a quienes mataron serían sub-humanos, androides, pre-homínidos. Pero incluso si se les calificase como bestias y fieras, hasta la sociedad protectora de animales se manifestaría en contra de la matanza. Acordándonos y confirmando que fueron seres humanos, ciudadanos peruanos recluidos, hombres y mujeres privados del derecho a la libertad, ni aún condenando sus culpas podemos aceptar que defender su derecho a la vida es otorgarle concesiones al terrorismo. Esta imbecilidad está de moda. Esta escandalosa violación a los derechos humanos es acallada tanto por el matrimonio Giampietri-Alan como por el "heroico" camarada Gonzalo. Pero la verdad es una: los familiares de los asesinados en el penal de máxima seguridad de Canto Grande tienen todo el derecho de exigirle al Estado indemnización por las víctimas.
El Estado debe indemnizar a los familiares de las víctimas de la matanza de 1992 porque no ha actuado oportunamente contra los culpables de este genocidio. Ha legitimado año tras año el derecho de matar presos acusados de terrorismo. Ha legalizado la frase: "el mejor terrorista, es el terrorista muerto". El Estado peruano ha sido cómplice solidario con los genocidios de Alan García en su primer gobierno, como con las matanzas de la mafia fujimontesinista. Los gobiernos subsiguientes, sea el de transición como el de Toledo, aprobaban el máximo rigor contra los terroristas o sospechosos de serlo. No importa en qué circunstancia se les haya ejecutado extrajudicialmente, si fue dentro o fuera de los establecimientos penales, si fue delante o detrás de cámaras de TV, si lo hicieron hombres de uniforme o grupos paramilitares. Así es como lo viene justificando la prensa actual, reescribiendo la historia, para que quede lacrado en el subconsciente colectivo que los acusados por delito de terrorismo "son culpables de 69 mil muertes" y no tienen ni los más mínimos derechos. Si no los ha condenado un tribunal, tal vez por falta de pruebas o por otras razones, el heroico soldado de la Patria puede adelantarse a la sentencia judicial y apretar el gatillo. Como en sus estúpidos entrenamientos de degollar perritos atados, aprovechando la inmovilidad de sus víctimas, cualquiera es valiente. Si el soldado o policía mató presos indefensos en 1992, bendita sea su mano, dirán los ingenuos de derechas y hasta de izquierdas, pues estarían vengando a María Elena Moyano, a los mártires del jirón Tarata, a los alcaldes de IU y del APRA, etc.
Entonces, ¿para qué tenemos tribunales?... ¿Por qué el Estado gasta una cifra presupuestal altísima en sueldos y salarios del Poder Judicial?... Si es más rápido matar presos políticos y terroristas en calle, deberían pasarle esos billetes a los miembros del Grupo Colina o fomentar la creación de similares. Recordando a Hitler, la "solución final" es más barata.
Triste historia la de la democracia peruana, la misma que se vio constreñida, hace unos meses, a decidir el voto de los peruanos entre dos genocidas. Ahora la prensa de esa "democracia" viene educando a la población a través de campañas sicosociales, el apresamiento de novísimos terroristas que pretendían asaltar palacio en año nuevo, los sesudos trabajos de inteligencia contra grupos bolivarianos, etc. La prensa educa en el sentido inverso de la justicia y la tolerancia, a favor de los aparatos represivos del estado. Marcha con DIRCOTE por las calles para filmar allanamientos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos a las familias de los detenidos, legitimando con sus campañas el derecho de masacrar a supuestos subversivos para "impedir el rebrote del terrorismo".
Que no nos extrañe que dentro de poco se les ocurra a la dupla Giampietri-Alan perpetrar otra matanza carcelaria, pues sus "heroicos" soldados y policías necesitan demostrar una vez más su infinita audacia y valor ante la población "indenfensa" amenazada por el manido "rebrote terrorista". Que no nos extrañe que los tres poderes del Estado bendigan esta posible nueva matanza, contando con el apoyo incondicional de TODOS los medios de comunicación, pues, ante la presión internacional, es más práctico y menos oneroso apostar por la "solución final".
Ah... y por supuesto, la grita contra la izquierda caviar que viene de boca de apristas, socialfascistas, derechistas y fujimontesinistas, como los refugiados en Expreso, no coincide ni se le parece a la crítica que se le hace a ese sector desde las canteras de la izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria juzga a la izquierda caviar por su pusilanimidad, por su claudicación, toda una conducta consecuente con los intereses de clase de quienes la conforman e inconsecuente con su prédica inicial. Pero de ningún modo aceptamos que en nombre del combate a los "caviares" o a las ONGs se sumen voluntades contra la defensa de los derechos humanos. Una cosa es hablar fuerte y claro llamando a los fenómenos por su nombre y otra cosa es hacerle el juego a la burguesía, al Opus Dei y al imperialismo. Si se trata de judicializar los resultados de las investigaciones de la CVR, no discriminaremos aliados con tal de llevar ante los tribunales a los responsables de genocidios, torturas y violaciones a los derechos humanos.
Aprendamos de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y también de los deudos de desaparecidos y asesinados chilenos durante la dictadura de Pinochet. Ellos no han arriado banderas ni han dejado de perseguir a los culpables de delitos de lesa humanidad.
CON LICENCIA PARA MATAR
Escribe: Dante Castro
La prensa local, hoy convertida en brazo armado de la represión del Estado, se ensaña con los familiares de los presos asesinados en el penal Castro Castro (Canto Grande), en 1992. El genocida Giampietri, con las bendiciones del obispo Cipriani, se ha pronunciado para que no se consienta el fallo de la CIDH. Aclaran los enfurecidos fascistas, militares, policías y periodistas, que a quienes mataron -rendidos o heridos- no son seres humanos, sino "terroristas". Por lo tanto, no se debe indemnizar a las familias de los occisos (léase: asesinados).
Nuestro reclamo no puede ser una apología del terrorismo, puesto que todos los que nos conocen saben que discrepamos profundamente del fundamentalismo gonzalista. Saben que polemizamos con ellos públicamente, en cualquier auditorio, sin dar cuartel a la desviación ideológica del más grande revisionista de la historia peruana. Estamos por publicar un libro de polémica sobre este tema y no necesitamos disculparnos frente a los aparatos de seguridad ni tampoco con los ciegos seguidores de Guzmán, que son muchos.
Justamente los GONZALISTAS hoy abogan por la amnistía de los violadores de derechos humanos, de los soldados y policías que asesinaron presos políticos, justificándose en la manida frase, hueca y sin sentido: "SOLUCIÓN POLÍTICA A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA". Entonces que no se nos intente colgar el sambenito ajeno. Nuestra organización política, el ML-19, condena el fundamentalismo gonzalista, las consecuencias de sus desviaciones y su secuela reciente de claudicación y traición a sus propios mártires. A nosotros nos preocupan no sólo las víctimas de un solo partido u organización, sino los miles de asesinados, desaparecidos y torturados por las FFAA y las FFPP durante la guerra sucia o campaña antisubversiva, con mucho mayor énfasis que los abusos, excesos y crímenes que haya cometido la subversión.
¿Por qué a unos más y a otros menos?... Ya lo hemos explicado en artículos anteriores. A quien corresponde aplicar la Defensa del Estado y del Orden Público de acuerdo a las leyes de un Estado de Derecho, se le exige respetar esa legislación porque actúa en nombre de la sociedad legítimamente organizada. No es lo mismo que bandas, grupos irregulares, ilegales y/o clandestinos que conspiran contra el Estado y violan la ley que no reconocen.
Eso lo entiende mucha gente que nos escribe y participa del debate. Si hay algún discapacitado mental que todavía no entienda la diferencia, le pondremos un ejemplo más: Las fuerzas del orden no pueden ponerse al mismo nivel que las bandas de atracadores, que los secuestradores al paso y narcotraficantes, basándose en una absurda reciprocidad: si el enemigo de la ley lo hace, quien defiende la ley, ¿también puede hacerlo?. La responsabilidad de quien opera en defensa del orden constitucional es de otra naturaleza. Con su accionar, legitima o deslegitima ese orden constitucional.
Pues bien, los "heroicos" defensores de la Patria se han especializado en victorias pírricas contra enemigos desarmados, rendidos o heridos, como en la masacre del penal Castro Castro en 1992. Aquellos a quienes mataron serían sub-humanos, androides, pre-homínidos. Pero incluso si se les calificase como bestias y fieras, hasta la sociedad protectora de animales se manifestaría en contra de la matanza. Acordándonos y confirmando que fueron seres humanos, ciudadanos peruanos recluidos, hombres y mujeres privados del derecho a la libertad, ni aún condenando sus culpas podemos aceptar que defender su derecho a la vida es otorgarle concesiones al terrorismo. Esta imbecilidad está de moda. Esta escandalosa violación a los derechos humanos es acallada tanto por el matrimonio Giampietri-Alan como por el "heroico" camarada Gonzalo. Pero la verdad es una: los familiares de los asesinados en el penal de máxima seguridad de Canto Grande tienen todo el derecho de exigirle al Estado indemnización por las víctimas.
El Estado debe indemnizar a los familiares de las víctimas de la matanza de 1992 porque no ha actuado oportunamente contra los culpables de este genocidio. Ha legitimado año tras año el derecho de matar presos acusados de terrorismo. Ha legalizado la frase: "el mejor terrorista, es el terrorista muerto". El Estado peruano ha sido cómplice solidario con los genocidios de Alan García en su primer gobierno, como con las matanzas de la mafia fujimontesinista. Los gobiernos subsiguientes, sea el de transición como el de Toledo, aprobaban el máximo rigor contra los terroristas o sospechosos de serlo. No importa en qué circunstancia se les haya ejecutado extrajudicialmente, si fue dentro o fuera de los establecimientos penales, si fue delante o detrás de cámaras de TV, si lo hicieron hombres de uniforme o grupos paramilitares. Así es como lo viene justificando la prensa actual, reescribiendo la historia, para que quede lacrado en el subconsciente colectivo que los acusados por delito de terrorismo "son culpables de 69 mil muertes" y no tienen ni los más mínimos derechos. Si no los ha condenado un tribunal, tal vez por falta de pruebas o por otras razones, el heroico soldado de la Patria puede adelantarse a la sentencia judicial y apretar el gatillo. Como en sus estúpidos entrenamientos de degollar perritos atados, aprovechando la inmovilidad de sus víctimas, cualquiera es valiente. Si el soldado o policía mató presos indefensos en 1992, bendita sea su mano, dirán los ingenuos de derechas y hasta de izquierdas, pues estarían vengando a María Elena Moyano, a los mártires del jirón Tarata, a los alcaldes de IU y del APRA, etc.
Entonces, ¿para qué tenemos tribunales?... ¿Por qué el Estado gasta una cifra presupuestal altísima en sueldos y salarios del Poder Judicial?... Si es más rápido matar presos políticos y terroristas en calle, deberían pasarle esos billetes a los miembros del Grupo Colina o fomentar la creación de similares. Recordando a Hitler, la "solución final" es más barata.
Triste historia la de la democracia peruana, la misma que se vio constreñida, hace unos meses, a decidir el voto de los peruanos entre dos genocidas. Ahora la prensa de esa "democracia" viene educando a la población a través de campañas sicosociales, el apresamiento de novísimos terroristas que pretendían asaltar palacio en año nuevo, los sesudos trabajos de inteligencia contra grupos bolivarianos, etc. La prensa educa en el sentido inverso de la justicia y la tolerancia, a favor de los aparatos represivos del estado. Marcha con DIRCOTE por las calles para filmar allanamientos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos a las familias de los detenidos, legitimando con sus campañas el derecho de masacrar a supuestos subversivos para "impedir el rebrote del terrorismo".
Que no nos extrañe que dentro de poco se les ocurra a la dupla Giampietri-Alan perpetrar otra matanza carcelaria, pues sus "heroicos" soldados y policías necesitan demostrar una vez más su infinita audacia y valor ante la población "indenfensa" amenazada por el manido "rebrote terrorista". Que no nos extrañe que los tres poderes del Estado bendigan esta posible nueva matanza, contando con el apoyo incondicional de TODOS los medios de comunicación, pues, ante la presión internacional, es más práctico y menos oneroso apostar por la "solución final".
Ah... y por supuesto, la grita contra la izquierda caviar que viene de boca de apristas, socialfascistas, derechistas y fujimontesinistas, como los refugiados en Expreso, no coincide ni se le parece a la crítica que se le hace a ese sector desde las canteras de la izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria juzga a la izquierda caviar por su pusilanimidad, por su claudicación, toda una conducta consecuente con los intereses de clase de quienes la conforman e inconsecuente con su prédica inicial. Pero de ningún modo aceptamos que en nombre del combate a los "caviares" o a las ONGs se sumen voluntades contra la defensa de los derechos humanos. Una cosa es hablar fuerte y claro llamando a los fenómenos por su nombre y otra cosa es hacerle el juego a la burguesía, al Opus Dei y al imperialismo. Si se trata de judicializar los resultados de las investigaciones de la CVR, no discriminaremos aliados con tal de llevar ante los tribunales a los responsables de genocidios, torturas y violaciones a los derechos humanos.
Aprendamos de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y también de los deudos de desaparecidos y asesinados chilenos durante la dictadura de Pinochet. Ellos no han arriado banderas ni han dejado de perseguir a los culpables de delitos de lesa humanidad.
