78.8% pide más universidades nacionales

• En reciente encuesta de la U. de Lima. Una gruesa mayoría de consultados califican de "regular" la situación de las universidades peruanas. ANR pide calidad y no cantidad.

Opinión sobre situación de la universidad peruana. Haga click en la imagen para ampliar.

Opción. Importante porcentaje de encuestados prefiere las universidades privadas.

"El problema no es la cantidad de universidades, sino la calidad de las mismas". Con esa respuesta el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Iván Rodríguez Chávez, comentó la reciente encuesta del Grupo de Opinión Pública (GOP) de la Universidad de Lima sobre la situación de las universidades del Perú. De acuerdo a este sondeo realizado el 24 y 25 de marzo en Lima y Callao, el 78.8% de los encuestados considera que deberían fundarse más universidades públicas.Al respecto, Rodríguez señaló que "no se deben crear universidades por el simple hecho de crearse". Pues consideró que las actuales casas superiores nacionales tienen un gran problema: el económico.Además de las 28 nacionales que existen –informó– se han creado cinco que están en proceso de institucionalización. Algunas de ellas son la Intercultural de la Amazonía Peruana y la José María Arguedas. "Somos conscientes de que el Estado no puede otorgar todo (el presupuesto que necesitan). Lo que sí se puede obtener son leyes que permitan crear las condiciones para que las propias universidades puedan generar rentas", señaló, al tiempo de detallar que es necesario que se otorguen estímulos tributarios para que estos centros obtengan donaciones nacionales y extranjeras.

FALTA DE APOYO DEL ESTADO

De acuerdo al 66.3% de los encuestados, la situación de la universidad peruana es "regular" y solo el 25.6% considera que es buena. Mientras que la falta de apoyo del Estado –señala el 29.1%– es el principal problema que aqueja a esas instituciones. "La educación es fuente de movilidad social, es una esperanza, sirve para homogenizar a las personas de distintas clases", comentó el director del GOP, Luis Benavente, encargado de la realización del sondeo.

ESTATAL VS. PARTICULAR

El 53.9 % de los entrevistados optaría por una universidad nacional y el 45.4% por una particular si le dieran a elegir entre ambas. Pero cuando la determinación es entre una peruana y una extranjera, el 57.1 % no duda en optar por la institución internacional. Sobre la polémica propuesta planteada hace unas semanas por Martha Hildebrandt para que los alumnos procedentes de colegios particulares paguen sus estudios en las universidades nacionales, las opiniones, según la referida encuesta se encuentran divididas, pues mientras el 45.9% dijo estar a favor, el 51.6% rechazó la iniciativa de la parlamentaria

Discutamos en serio sobre la universidad pública

Por Humberto Campodónico:

De 1990 al 2003, los estudiantes universitarios pasaron de 366,000 a 500,000. En ese mismo periodo, la participación de las universidades estatales descendió lenta pero sistemáticamente: de 64% a 57%. Lo inverso sucedió con las universidades privadas, pues ahora el 43% de alumnos estudia en ellas. Ni la Asamblea Nacional de Rectores ni el INEI publican cifras recientes, pero, al 2007, debemos estar muy cerca de 50-50 de estudiantes en las universidades públicas y privadas.
Se sabe también que los graduados que van a las empresas privadas provienen, en su gran mayoría, de universidades privadas. No solo eso. La oferta anual de universitarios es superior a la demanda, por lo que el “excedente” no encuentra trabajo. Muchos se dedican a otros trabajos menos calificados o, simplemente, se van del país. Hace varios años el “Acuerdo Nacional” llegó a un consenso: el presupuesto del sector Educación debería aumentar cada año 0.25% del PBI, hasta llegar al 6% del PBI. Con esta cifra podríamos pensar en recuperar, por lo menos en algo, la enorme brecha que tenemos con los países de la región (estamos entre los últimos de Sudamérica).
Según el ministro de Educación, José Antonio Chang, en el 2004 el presupuesto de su sector fue 3.8% del PBI. Al 2006 este no subió, sino que bajó al 3.2% del PBI. En el 2007, el presupuesto para Educación es S/. 10,566 millones, lo que equivale al 3.3% del PBI (Presentación al Congreso, setiembre 2006). O sea que Educación no aumenta 0.25% anual. Algo inadmisible, sobre todo en esta época de gordas vacas tributarias.
El gasto per cápita en educación superior de las universidades públicas en el Perú es uno de los más bajos de la región. En el 2007 se ha presupuestado S/. 1,747 millones para las universidades, lo que nos da S/. 5,300 por alumno (US$ 1,650) al año. En Argentina, Brasil y Chile, sin embargo, el gasto per cápita es 100% mayor. Cada vez más las universidades estatales se financian con recursos propios. Así, por ejemplo, de los S/. 1,747 millones del 2007, algo más del 40% proviene de recursos directamente recaudados por las universidades estatales, mientras que el 60% viene del Tesoro Público. San Marcos casi llega al 50% y en La Molina es más del 65%.
La educación básica en todos sus niveles y la educación superior necesitan una reforma integral. Hay más de 7 proyectos de ley para renovar la Ley 23733, que viene de los años 80. Pero los temas se abordan a retazos y de vez en cuando: el año pasado, después de más de 10 años, hubo un aumento de sueldo para los profesores universitarios (que todavía no concluye). Así, el tema tiene mucha tela para cortar y la solución no pasa por “iniciativas” que le meten la mano al bolsillo a la clase media para que los estudiantes universitarios que vienen de colegios privados paguen una pensión.
Lo que sí sorprende es la manera cómo diversos sectores aplauden la medida, pero no se hace lo mismo cuando se plantea un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras (con recursos naturales que son de la Nación) y que bien podría ser destinado a mejorar la calidad de la educación universitaria. Como hemos dicho antes: los recursos naturales del siglo XIX pueden y deben financiar al Perú del siglo XXI, sobre todo cuando estamos en la época de la sociedad de la información y del conocimiento. Esa es la ventaja competitiva que tenemos que adquirir.

Quinceañero golpista

La historia que se empezó a escribir el cinco de abril de 1992, todavía no ha terminado: la justicia no ha sido capaz de juzgar y sancionar ejemplarmente a Alberto Fujimori y sus 13 ex ministros por haber consumado el golpe de Estado. Para empezar, nadie está preso.
Por María Elena Hidalgo Unidad de Investigación.

Tanques y maniobras. Los golpistas enjuiciados ya lograron desembarcar del proceso al vocal César San Martín. Ahora quieren hacer lo mismo con su colega José Luis Lecaro

El histórico juicio a los golpistas del cinco de abril de 1992, está a punto de venirse abajo. La defensa de los 14 procesados, entre los que se encuentran el ex presidente Alberto Fujimori y 13 ex ministros, ha conseguido marginar del proceso al vocal César San Martín de la Sala Suprema Penal Especial que los enjuicia.
Y eso no es todo. A continuación, los fujimoristas han recusado al vocal José Luis Lecaros, quien reemplazó a San Martín. Si logran su propósito de sacar del caso a Lecaros, el proceso inevitablemente se quebrará y todo el juicio oral, que ha avanzado a duras penas, volvería a fojas cero porque tendría que constituirse una nueva Sala.
La decisión de admitir o desestimar la recusación contra Lecaros está en manos de la Sala Penal Transitoria de la Suprema, que preside Hugo Sivina Hurtado y la integra Robinson Gonzales. Este mismo vocal fue quien en la anterior ocasión le dio la razón a los golpistas y sacó del caso al vocal César San Martín. El temor de que el juicio se derrumbe es, por lo tanto, fundado.

Astutos. Absalón Vásquez, Augusto Antonioli y Carlos Boloña. Tres ex ministros del cogollo fujimorista que ahora dicen que nada sabían del golpe hasta la víspera.

Manos arriba
Y los golpistas no solo pretenden traerse abajo el juicio oral sino todo el proceso.
Cuatro ex ministros han impugnado el proceso que les sigue la Sala Suprema Penal Especial. Alegan que dicha instancia no es competente para que los enjuicie y que más bien debería hacerlo un juzgado ordinario. La impugnación también está en manos de la Sala Penal Transitoria que encabeza Hugo Sivina. De acogerse la acción, todo el proceso contra los golpistas se iría directamente al tacho. El "cerebro" de la maquiavélica estrategia para desactivar el juicio contra los conspiradores es César Nakazaki, el abogado del extraditable Alberto Fujimori.
Esta es la lamentable situación del histórico juicio a los conspiradores del cinco de abril de 1992. Justo cuando la asonada está por cumplir 15 años.
Los conspiradores
En junio del año pasado, el fiscal supremo Avelino Guillén solicitó 20 años de prisión para Fujimori, y entre 18 y 12 años, para el resto de los acusados. A todos les atribuyó haber intervenido "de manera activa e intencional en un alzamiento armado para suprimir el régimen constitucional".
Durante la sustentación, Guillén señaló sin ambages: "El golpe del cinco de abril no fue una medida imprevista sino cuidadosamente sopesada, analizada y planificada. No fue ningún improntus del ex presidente Fujimori".
Guillén argumentó que los acusados intervinieron de manera dolosa e intencional en la supresión del estado de derecho y perpetraron el delito de rebelión, tipificado por el artículo 346º del Código Penal.
En una demostración de la esencia antidemocrática de la medida, Fujimori concentró a sus ministros en una sala del Cuartel General del Ejército para comunicarles su decisión, la que recibió inmediato respaldo.
"Aprobaron la interrupción del sistema democrático de manera absoluta y deben responder penalmente", reclamó el fiscal supremo Avelino Guillén.
Por supuesto, Vladimiro Montesinos, y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cumplieron un papel clave en el golpe.
Es más, el asesor de inteligencia, Rafael Merino Bartet, el mismo que escribía las notas difamatorias contra políticos de la oposición y periodistas independientes, se encargó de componer el discurso de la asonada fujimorista.
Lo que llama la atención es que, no obstante que el fiscal supremo Guillén ha solicitado severas penas contra los golpistas, ninguno está preso.
La Sala Suprema Penal Especial, más con criterio político que jurídico, optó por otorgar a todos los acusados comparecencia restringida.

Disolver, disolver. El autócrata avisa al país de su decisión.

Alfombra roja
La Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos planteó revocar el mandato de comparencia por detención, pero el vocal instructor Hugo Molina Ordóñez rechazó el pedido argumentando que no procedía la detención porque los señores golpistas… ¡no constituyen un real peligro para la sociedad!
Todos los ex ministros, excepto el general EP (r) Juan Briones Dávila, afirman en su defensa que son inocentes del delito de rebelión porque no sabían del golpe de Estado hasta que este ya estaba consumado.
De acuerdo con la versión que esgrimen, Fujimori se limitó a comunicarles que había decidido ejecutar la asonada y que no se podían oponer porque se trataba de una decisión del jefe del Estado.
Todos aseguran que se enteraron de la acción dos horas antes que Alberto Fujimori se presentara en la televisión para leer su manifiesto golpista y lo avalaron quedándose en el gabinete.
En el caso de los ex ministros de Defensa, general EP (r) Víctor Malca Villanueva, y del Interior, general EP (r) Juan Briones Dávila, han sido acusados además, como Fujimori, del delito de secuestro. Como se recordará, durante la ejecución del golpe efectivos militares plagiaron a numerosos políticos, dirigentes sindicales y periodistas de oposición que fueron conducidos a los calabozos del SIN. Sobre los procesados por el caso del cinco de abril de 1992, que a diferencia de Fujimori y sus ex ministros ,no tienen derecho a antejuicio y no pueden ser enjuiciados por la Corte Suprema, el juicio está en una etapa incipiente.
El fiscal especial de derechos humanos, Jorge Díaz Pérez, recién ha recibido el expediente hace dos semanas. Su predecesor, el fiscal Héctor Huamán Villa, poco o nada hizo desde que se ocupó del asunto en 2004.
En la Procuraduría Ad Hoc esperan lo peor: que los golpistas consigan expectorar al vocal supremo José Luis Lecaros. Sería el mejor regalo para el quinceañero golpista.
Todos los acusados
El fiscal supremo Avelino Guillén ha pedido veinte años de prisión para Alberto Fujimori. Es la pena más alta que se ha solicitado. Y 18 años para los generales en retiro Víctor Malca Villanueva y Juan Briones Dávila. Malca está prófugo.Para Augusto Blacker Miller, que está en calidad de no habido, solicitó 15 años de carcelería.Para el resto de ex ministros 12 años: Absalón Vásquez Villanueva, Víctor Joy Way, Óscar de la Puente Raygada, Fernando Vega Santa Gadea, Jaime Sobero Taira, Alfredo Ross Antezana, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Paredes Guerra y Augusto Antonioli Vásquez.En el caso aparecen como agraviados, entre otros, los dirigentes políticos del Partido Aprista Peruano, Jorge del Castillo Gálvez, Abel Salinas Izaguirre y Luis Negreiros Criado.

LA PRIVATIZACIÓN NO PASARÁ

Pronunciamiento

Ante el Proyecto de Ley Nº 939/2006-CR, presentado por el fujimorismo y apoyado por el gobierno aprista, que eliminará la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas al imponer un pago de pensiones mensuales a los estudiantes procedentes de colegios particulares, manifestamos lo siguiente:

1. Denunciamos la ofensiva privatizadora contra la educación pública, proveniente del programa neoliberal de las clases dominantes y la derecha peruana y que tiene como único fin seguir alejando de la universidad a los sectores mayoritarios del pueblo peruano. Las bancadas parlamentarias casi en pleno, la prensa alanista y algunos despistados sindicalistas se han manifestado a favor de este proyecto que se sustenta en la Constitución fujimorista del 93 y que perjudicará a miles de universitarios, postulantes y egresados de educación secundaria, cambiando el propio destino de la universidad pública en el Perú.

2. La propuesta es absurda, el cobro a los estudiantes que provienen de colegios particulares no soluciona los problemas de la universidad pública, su crisis académica e institucional. El problema de la calidad de enseñanza, la orientación de las currículas, la falta de apoyo para la investigación y su ligazón a los problemas nacionales, son problemas evadidos por los políticos gobernantes y las autoridades universitarias con recetas simplistas y mediocres. De cobrarse mensualidades no sólo se consolidará la exclusión social y la privatización sino también el modelo tecnócrata, anticientífico e individualista de formación profesional, el mismo que no tiene ningún tipo de planificación nacional, que entrega la educación al libre mercado profundizando su mediocridad en la ilusión de una formación "rentable" al margen de las necesidades sociales.

3. Este intento no es nuevo, dicha propuesta fue presentada durante el año 2003 por el toledista Marcial Ayaipoma y encontró nuestro rechazo contundente junto a la movilización generalizada de los estudiantes. Martha Hildebrandt, autora del proyecto actual, es defensora acérrima de la dictadura cívico – militar que intervino las universidades y anuló los derechos de todos los estudiantes, que trajo nefastas consecuencias al pueblo trabajador con la apertura extrema a las transnacionales y las privatizaciones de nuestros recursos estratégicos perjudicando la ya raquítica producción nacional, generando una gran masa de desempleados y empleados temporales sin ninguna protección social, muchos de ellos profesionales. Si a esto le sumamos las violaciones de derechos humanos en la universidad peruana constatamos la continuidad de la política educativa y económica que hoy respaldan Alan García y el APRA, en alianza impune con el fujimorismo, desechando sus promesas electorales de gratuidad plena de la enseñanza.

4. El ardid oficialista de la "correcta distribución de la riqueza" resulta ser un total engaño, los que tienen para pagar una universidad privada se van a las privadas que existen y que les brindan mejores "condiciones", la gran mayoría de adolescentes y jóvenes peruanos luchan por una vacante en la universidad pública, que paradójicamente son pocas, terminando la mayoría fuera del acceso a la educación superior. EMPLAZAMOS AL GOBIERNO, A LOS PARLAMENTARIOS Y AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A DUPLICAR EL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ART. 81º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN QUE ESTABLECE EL 6% DEL PBI ANUAL PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA. DICHO PRESUPUESTO HA SIDO POSTERGADO, INCLUSO SE HA REDUCIDO PARA EL 2007 EN 0.1 %, MIENTRAS QUE EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA ASCIENDE HASTA EL 18% DEL PBI.

5. Integración Estudiantil ratifica su compromiso de defender el derecho a la educación y la gratuidad integral de la universidad pública. Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento estudiantil y del pueblo peruano, a unir esfuerzos para impedir la privatización de la universidad. Este es un paso necesario para conquistar una educación efectivamente democrática e igualitaria en un Perú Nuevo, digno y soberano. Desde las aulas y las calles defendamos nuestros derechos. Con lucha y unidad, la privatización no pasará.

¡POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACION!

¡NO A LA PRIVATIZACION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA!

¡EL PUEBLO YA LO SABE, SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!


Comité Ejecutivo de Integración Estudiantil

Protesta estudiantil en Cusco

• Decenas de alumnos de la universidad San Antonio Abad se enfrentaron a la Policía en la Plaza de Armas.
Carlos Carrillo, Cusco.
Fotos: Carlos Carrillo

Violencia. Los estudiantes arremetieron contra la Policía con palos y piedras, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos.

Más de medio millar de estudiantes universitarios intentaron forzar el ingreso al Paraninfo de la Universidad San Antonio Abad, donde se discutía el proyecto de la nueva Ley Universitaria con participación del presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Rafael Vásquez, lo que obligó a la Policía a hacer uso de la fuerza y de bombas lacrimógenas para repeler a los jóvenes que protestaban.
En el lugar no solo había estudiantes de la UNSAAC sino de otras universidades del sur que deseaban participar del foro descentralizado. Cuando la Policía les impidió el acceso, los universitarios respondieron con piedras, palos y todo lo que encontraron a su paso para defenderse de la represión policial. La batalla campal duró 15 minutos y dejó varios estudiantes heridos por el impacto de varas y el efectos de los gases.
Confusión
El jefe de la región policial, coronel Jaer Vásquez, informó a su vez que tres efectivos sufrieron heridas leves principalmente por impacto de piedras. Según precisó Vásquez, los efectivos impidieron el ingreso de los manifestantes al local del Paraninfo porque recibieron órdenes de los organizadores del Foro. Sin embargo, el mayor PNP Carlos Sánchez, al mando del contingente, afirmó que sí se había invitado a cinco alumnos por cada Facultad.
La violencia desatada en la Plaza generó el cierre de comercios, turistas sorprendidos, la expansión del gas lacrimógeno y el desorden público. Al final, los más de 500 estudiantes ingresaron al Foro gracias a la intervención del congresista Vásquez. Dentro del local hicieron que el evento académico se suspenda y firmaron un acta para que la propuesta de la nueva Ley Universitaria se discuta de manera transparente.
La mayoría de los estudiantes que participó en las protestas considera que la nueva Ley Universitaria terminará por privatizar las universidades públicas y acabará con la autonomía universitaria. Por ello, ayer realizaron previamente un recorrido por la Ciudad Imperial en el cual quemaron algunas llantas. La protesta se inició en la Ciudad Universitaria a las 9 y 30 de la mañana.
Presiciones
POSICIÓN. Uno de los expositores, Edmundo Murrugarra, sostuvo que la privatización de las universidades no es nueva y lamentó que el presidente Alan García la respalde.
DETENIDOS. Un estudiante fue detenido por la Policía en la reyerta de la Plaza de Armas por agredir a un efectivo.
REUNIONES. La Comisión de Educación realiza reuniones en todo el país para discutir la ley.

Estudiantes de la U. Católica protestan contra Rafael Rey

• Vicepresidente del Centro Federado de Ciencias Sociales acusó al ministro de la Producción de ser el vocero político del Opus Dei.
Redacción La República.Foto: Víctor Vásquez

Se hacen oír. Alumnos de la Católica discreparon, a su modo, del también ex estudiante de esa universidad Rafael Rey.

Provistos de pancartas y altoparlantes, cerca de 500 alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se congregaron en las afueras de donde supuestamente era el domicilio del ministro de la Producción, Rafael Rey, en la Av. El Golf, para rechazar sus declaraciones sobre el manejo académico de la universidad. Ocurrió, sin embargo, que en ese lugar no vive Rey
"La consigna fue alzar nuestra voz de protesta ante una posible intervención del cardenal Juan Luis Cipriani y básicamente del Opus Dei, en el manejo ideológico, académico y administrativo de la universidad", explicó Carlos León, vicepresidente del Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales.
El dirigente estudiantil denunció además que el titular de la Producción es un "vocero político del Opus Dei, que dice las cosas que el Cardenal no puede".
"Nosotros somos una universidad donde hay libertad de pensamiento, expresión, pluralidad en la enseñanza y donde se puede hablar tanto de marxismo como de liberalismo. Una universidad que defiende los derechos humanos y lo establecido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación", agregó.
Carlos León manifestó que la movilización y las próximas que se organizarán, son de iniciativa de los estudiantes pues las autoridades administrativas intentan resolver el problema por la vía legal.
El dato
REUNIÓN. El lunes 2 de abril a las 13:00 horas se llevará a cabo una Asamblea Estudiantil frente a la cafetería central de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se evaluarán las próximas medidas de lucha contra una posible intervención de la Iglesia en dicha casa de estudios.