La historia que se empezó a escribir el cinco de abril de 1992, todavía no ha terminado: la justicia no ha sido capaz de juzgar y sancionar ejemplarmente a Alberto Fujimori y sus 13 ex ministros por haber consumado el golpe de Estado. Para empezar, nadie está preso.
Por María Elena Hidalgo Unidad de Investigación.
Tanques y maniobras. Los golpistas enjuiciados ya lograron desembarcar del proceso al vocal César San Martín. Ahora quieren hacer lo mismo con su colega José Luis Lecaro
El histórico juicio a los golpistas del cinco de abril de 1992, está a punto de venirse abajo. La defensa de los 14 procesados, entre los que se encuentran el ex presidente Alberto Fujimori y 13 ex ministros, ha conseguido marginar del proceso al vocal César San Martín de la Sala Suprema Penal Especial que los enjuicia.
Y eso no es todo. A continuación, los fujimoristas han recusado al vocal José Luis Lecaros, quien reemplazó a San Martín. Si logran su propósito de sacar del caso a Lecaros, el proceso inevitablemente se quebrará y todo el juicio oral, que ha avanzado a duras penas, volvería a fojas cero porque tendría que constituirse una nueva Sala.
La decisión de admitir o desestimar la recusación contra Lecaros está en manos de la Sala Penal Transitoria de la Suprema, que preside Hugo Sivina Hurtado y la integra Robinson Gonzales. Este mismo vocal fue quien en la anterior ocasión le dio la razón a los golpistas y sacó del caso al vocal César San Martín. El temor de que el juicio se derrumbe es, por lo tanto, fundado.
Y eso no es todo. A continuación, los fujimoristas han recusado al vocal José Luis Lecaros, quien reemplazó a San Martín. Si logran su propósito de sacar del caso a Lecaros, el proceso inevitablemente se quebrará y todo el juicio oral, que ha avanzado a duras penas, volvería a fojas cero porque tendría que constituirse una nueva Sala.
La decisión de admitir o desestimar la recusación contra Lecaros está en manos de la Sala Penal Transitoria de la Suprema, que preside Hugo Sivina Hurtado y la integra Robinson Gonzales. Este mismo vocal fue quien en la anterior ocasión le dio la razón a los golpistas y sacó del caso al vocal César San Martín. El temor de que el juicio se derrumbe es, por lo tanto, fundado.
Astutos. Absalón Vásquez, Augusto Antonioli y Carlos Boloña. Tres ex ministros del cogollo fujimorista que ahora dicen que nada sabían del golpe hasta la víspera.
Manos arriba
Y los golpistas no solo pretenden traerse abajo el juicio oral sino todo el proceso.
Cuatro ex ministros han impugnado el proceso que les sigue la Sala Suprema Penal Especial. Alegan que dicha instancia no es competente para que los enjuicie y que más bien debería hacerlo un juzgado ordinario. La impugnación también está en manos de la Sala Penal Transitoria que encabeza Hugo Sivina. De acogerse la acción, todo el proceso contra los golpistas se iría directamente al tacho. El "cerebro" de la maquiavélica estrategia para desactivar el juicio contra los conspiradores es César Nakazaki, el abogado del extraditable Alberto Fujimori.
Esta es la lamentable situación del histórico juicio a los conspiradores del cinco de abril de 1992. Justo cuando la asonada está por cumplir 15 años.
Los conspiradores
En junio del año pasado, el fiscal supremo Avelino Guillén solicitó 20 años de prisión para Fujimori, y entre 18 y 12 años, para el resto de los acusados. A todos les atribuyó haber intervenido "de manera activa e intencional en un alzamiento armado para suprimir el régimen constitucional".
Durante la sustentación, Guillén señaló sin ambages: "El golpe del cinco de abril no fue una medida imprevista sino cuidadosamente sopesada, analizada y planificada. No fue ningún improntus del ex presidente Fujimori".
Guillén argumentó que los acusados intervinieron de manera dolosa e intencional en la supresión del estado de derecho y perpetraron el delito de rebelión, tipificado por el artículo 346º del Código Penal.
En una demostración de la esencia antidemocrática de la medida, Fujimori concentró a sus ministros en una sala del Cuartel General del Ejército para comunicarles su decisión, la que recibió inmediato respaldo.
"Aprobaron la interrupción del sistema democrático de manera absoluta y deben responder penalmente", reclamó el fiscal supremo Avelino Guillén.
Por supuesto, Vladimiro Montesinos, y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cumplieron un papel clave en el golpe.
Es más, el asesor de inteligencia, Rafael Merino Bartet, el mismo que escribía las notas difamatorias contra políticos de la oposición y periodistas independientes, se encargó de componer el discurso de la asonada fujimorista.
Lo que llama la atención es que, no obstante que el fiscal supremo Guillén ha solicitado severas penas contra los golpistas, ninguno está preso.
La Sala Suprema Penal Especial, más con criterio político que jurídico, optó por otorgar a todos los acusados comparecencia restringida.
Y los golpistas no solo pretenden traerse abajo el juicio oral sino todo el proceso.
Cuatro ex ministros han impugnado el proceso que les sigue la Sala Suprema Penal Especial. Alegan que dicha instancia no es competente para que los enjuicie y que más bien debería hacerlo un juzgado ordinario. La impugnación también está en manos de la Sala Penal Transitoria que encabeza Hugo Sivina. De acogerse la acción, todo el proceso contra los golpistas se iría directamente al tacho. El "cerebro" de la maquiavélica estrategia para desactivar el juicio contra los conspiradores es César Nakazaki, el abogado del extraditable Alberto Fujimori.
Esta es la lamentable situación del histórico juicio a los conspiradores del cinco de abril de 1992. Justo cuando la asonada está por cumplir 15 años.
Los conspiradores
En junio del año pasado, el fiscal supremo Avelino Guillén solicitó 20 años de prisión para Fujimori, y entre 18 y 12 años, para el resto de los acusados. A todos les atribuyó haber intervenido "de manera activa e intencional en un alzamiento armado para suprimir el régimen constitucional".
Durante la sustentación, Guillén señaló sin ambages: "El golpe del cinco de abril no fue una medida imprevista sino cuidadosamente sopesada, analizada y planificada. No fue ningún improntus del ex presidente Fujimori".
Guillén argumentó que los acusados intervinieron de manera dolosa e intencional en la supresión del estado de derecho y perpetraron el delito de rebelión, tipificado por el artículo 346º del Código Penal.
En una demostración de la esencia antidemocrática de la medida, Fujimori concentró a sus ministros en una sala del Cuartel General del Ejército para comunicarles su decisión, la que recibió inmediato respaldo.
"Aprobaron la interrupción del sistema democrático de manera absoluta y deben responder penalmente", reclamó el fiscal supremo Avelino Guillén.
Por supuesto, Vladimiro Montesinos, y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cumplieron un papel clave en el golpe.
Es más, el asesor de inteligencia, Rafael Merino Bartet, el mismo que escribía las notas difamatorias contra políticos de la oposición y periodistas independientes, se encargó de componer el discurso de la asonada fujimorista.
Lo que llama la atención es que, no obstante que el fiscal supremo Guillén ha solicitado severas penas contra los golpistas, ninguno está preso.
La Sala Suprema Penal Especial, más con criterio político que jurídico, optó por otorgar a todos los acusados comparecencia restringida.
Disolver, disolver. El autócrata avisa al país de su decisión.
Alfombra roja
La Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos planteó revocar el mandato de comparencia por detención, pero el vocal instructor Hugo Molina Ordóñez rechazó el pedido argumentando que no procedía la detención porque los señores golpistas… ¡no constituyen un real peligro para la sociedad!
Todos los ex ministros, excepto el general EP (r) Juan Briones Dávila, afirman en su defensa que son inocentes del delito de rebelión porque no sabían del golpe de Estado hasta que este ya estaba consumado.
De acuerdo con la versión que esgrimen, Fujimori se limitó a comunicarles que había decidido ejecutar la asonada y que no se podían oponer porque se trataba de una decisión del jefe del Estado.
Todos aseguran que se enteraron de la acción dos horas antes que Alberto Fujimori se presentara en la televisión para leer su manifiesto golpista y lo avalaron quedándose en el gabinete.
En el caso de los ex ministros de Defensa, general EP (r) Víctor Malca Villanueva, y del Interior, general EP (r) Juan Briones Dávila, han sido acusados además, como Fujimori, del delito de secuestro. Como se recordará, durante la ejecución del golpe efectivos militares plagiaron a numerosos políticos, dirigentes sindicales y periodistas de oposición que fueron conducidos a los calabozos del SIN. Sobre los procesados por el caso del cinco de abril de 1992, que a diferencia de Fujimori y sus ex ministros ,no tienen derecho a antejuicio y no pueden ser enjuiciados por la Corte Suprema, el juicio está en una etapa incipiente.
El fiscal especial de derechos humanos, Jorge Díaz Pérez, recién ha recibido el expediente hace dos semanas. Su predecesor, el fiscal Héctor Huamán Villa, poco o nada hizo desde que se ocupó del asunto en 2004.
En la Procuraduría Ad Hoc esperan lo peor: que los golpistas consigan expectorar al vocal supremo José Luis Lecaros. Sería el mejor regalo para el quinceañero golpista.
Todos los acusados
El fiscal supremo Avelino Guillén ha pedido veinte años de prisión para Alberto Fujimori. Es la pena más alta que se ha solicitado. Y 18 años para los generales en retiro Víctor Malca Villanueva y Juan Briones Dávila. Malca está prófugo.Para Augusto Blacker Miller, que está en calidad de no habido, solicitó 15 años de carcelería.Para el resto de ex ministros 12 años: Absalón Vásquez Villanueva, Víctor Joy Way, Óscar de la Puente Raygada, Fernando Vega Santa Gadea, Jaime Sobero Taira, Alfredo Ross Antezana, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Paredes Guerra y Augusto Antonioli Vásquez.En el caso aparecen como agraviados, entre otros, los dirigentes políticos del Partido Aprista Peruano, Jorge del Castillo Gálvez, Abel Salinas Izaguirre y Luis Negreiros Criado.
La Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos planteó revocar el mandato de comparencia por detención, pero el vocal instructor Hugo Molina Ordóñez rechazó el pedido argumentando que no procedía la detención porque los señores golpistas… ¡no constituyen un real peligro para la sociedad!
Todos los ex ministros, excepto el general EP (r) Juan Briones Dávila, afirman en su defensa que son inocentes del delito de rebelión porque no sabían del golpe de Estado hasta que este ya estaba consumado.
De acuerdo con la versión que esgrimen, Fujimori se limitó a comunicarles que había decidido ejecutar la asonada y que no se podían oponer porque se trataba de una decisión del jefe del Estado.
Todos aseguran que se enteraron de la acción dos horas antes que Alberto Fujimori se presentara en la televisión para leer su manifiesto golpista y lo avalaron quedándose en el gabinete.
En el caso de los ex ministros de Defensa, general EP (r) Víctor Malca Villanueva, y del Interior, general EP (r) Juan Briones Dávila, han sido acusados además, como Fujimori, del delito de secuestro. Como se recordará, durante la ejecución del golpe efectivos militares plagiaron a numerosos políticos, dirigentes sindicales y periodistas de oposición que fueron conducidos a los calabozos del SIN. Sobre los procesados por el caso del cinco de abril de 1992, que a diferencia de Fujimori y sus ex ministros ,no tienen derecho a antejuicio y no pueden ser enjuiciados por la Corte Suprema, el juicio está en una etapa incipiente.
El fiscal especial de derechos humanos, Jorge Díaz Pérez, recién ha recibido el expediente hace dos semanas. Su predecesor, el fiscal Héctor Huamán Villa, poco o nada hizo desde que se ocupó del asunto en 2004.
En la Procuraduría Ad Hoc esperan lo peor: que los golpistas consigan expectorar al vocal supremo José Luis Lecaros. Sería el mejor regalo para el quinceañero golpista.
Todos los acusados
El fiscal supremo Avelino Guillén ha pedido veinte años de prisión para Alberto Fujimori. Es la pena más alta que se ha solicitado. Y 18 años para los generales en retiro Víctor Malca Villanueva y Juan Briones Dávila. Malca está prófugo.Para Augusto Blacker Miller, que está en calidad de no habido, solicitó 15 años de carcelería.Para el resto de ex ministros 12 años: Absalón Vásquez Villanueva, Víctor Joy Way, Óscar de la Puente Raygada, Fernando Vega Santa Gadea, Jaime Sobero Taira, Alfredo Ross Antezana, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Paredes Guerra y Augusto Antonioli Vásquez.En el caso aparecen como agraviados, entre otros, los dirigentes políticos del Partido Aprista Peruano, Jorge del Castillo Gálvez, Abel Salinas Izaguirre y Luis Negreiros Criado.
