De 1990 al 2003, los estudiantes universitarios pasaron de 366,000 a 500,000. En ese mismo periodo, la participación de las universidades estatales descendió lenta pero sistemáticamente: de 64% a 57%. Lo inverso sucedió con las universidades privadas, pues ahora el 43% de alumnos estudia en ellas. Ni la Asamblea Nacional de Rectores ni el INEI publican cifras recientes, pero, al 2007, debemos estar muy cerca de 50-50 de estudiantes en las universidades públicas y privadas.
Se sabe también que los graduados que van a las empresas privadas provienen, en su gran mayoría, de universidades privadas. No solo eso. La oferta anual de universitarios es superior a la demanda, por lo que el “excedente” no encuentra trabajo. Muchos se dedican a otros trabajos menos calificados o, simplemente, se van del país. Hace varios años el “Acuerdo Nacional” llegó a un consenso: el presupuesto del sector Educación debería aumentar cada año 0.25% del PBI, hasta llegar al 6% del PBI. Con esta cifra podríamos pensar en recuperar, por lo menos en algo, la enorme brecha que tenemos con los países de la región (estamos entre los últimos de Sudamérica).
Según el ministro de Educación, José Antonio Chang, en el 2004 el presupuesto de su sector fue 3.8% del PBI. Al 2006 este no subió, sino que bajó al 3.2% del PBI. En el 2007, el presupuesto para Educación es S/. 10,566 millones, lo que equivale al 3.3% del PBI (Presentación al Congreso, setiembre 2006). O sea que Educación no aumenta 0.25% anual. Algo inadmisible, sobre todo en esta época de gordas vacas tributarias.
El gasto per cápita en educación superior de las universidades públicas en el Perú es uno de los más bajos de la región. En el 2007 se ha presupuestado S/. 1,747 millones para las universidades, lo que nos da S/. 5,300 por alumno (US$ 1,650) al año. En Argentina, Brasil y Chile, sin embargo, el gasto per cápita es 100% mayor. Cada vez más las universidades estatales se financian con recursos propios. Así, por ejemplo, de los S/. 1,747 millones del 2007, algo más del 40% proviene de recursos directamente recaudados por las universidades estatales, mientras que el 60% viene del Tesoro Público. San Marcos casi llega al 50% y en La Molina es más del 65%.
La educación básica en todos sus niveles y la educación superior necesitan una reforma integral. Hay más de 7 proyectos de ley para renovar la Ley 23733, que viene de los años 80. Pero los temas se abordan a retazos y de vez en cuando: el año pasado, después de más de 10 años, hubo un aumento de sueldo para los profesores universitarios (que todavía no concluye). Así, el tema tiene mucha tela para cortar y la solución no pasa por “iniciativas” que le meten la mano al bolsillo a la clase media para que los estudiantes universitarios que vienen de colegios privados paguen una pensión.
Lo que sí sorprende es la manera cómo diversos sectores aplauden la medida, pero no se hace lo mismo cuando se plantea un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras (con recursos naturales que son de la Nación) y que bien podría ser destinado a mejorar la calidad de la educación universitaria. Como hemos dicho antes: los recursos naturales del siglo XIX pueden y deben financiar al Perú del siglo XXI, sobre todo cuando estamos en la época de la sociedad de la información y del conocimiento. Esa es la ventaja competitiva que tenemos que adquirir.
