Los comerciantes del mercado Santa Anita ocupan, según el Juez, un terreno que fue invadido. Pero ellos no lo invadieron. Aunque como suele ocurrir en el país, los medios de comunicación, por ignorancia, pereza mental o perversidad, los han bautizado como los invasores.
Ellos, en todo caso, son ocupantes irregulares y víctimas de estafa de parte de los que les vendieron los puestos. Cuando el juez ordena sacar a los usurpadores, teniendo como fundamentació n los hechos protagonizados hace muchos años por Herminio Porras y otros, no se refiere a los comerciantes.
Nadie está persiguiendo a los causantes de lo que se califica como delito. Pero sobre la mesa hay una grave amenaza: se exige a los comerciantes que retiren a sus hijos porque están en peligro de muerte, lo que significa que también sus padres y madres lo están. El desalojo no es un trámite, es una guerra preanunciada.
En otro plano de la vida nacional tampoco se persigue a los narcotraficantes. Y por comodidad o estupidez se llama lucha antidrogas a la persecución de los campesinos que siembran hoja de coca.
Es el mundo al revés: la gente pobre y trabajadora que vive y trabaja en los bordes, es culpada por el estado de ilegalidad en que se desenvuelve gran parte de la sociedad peruana.
¿Cuántos terrenos y mercados están en situación de posesión que se discute ante los tribunales?, ¿qué va a pasar cuándo se resuelva echar a tanta gente?, ¿se responderá simplemente que hay que cumplir las sentencias y se entrará a sangre y fuego?, ¿no es necesaria alguna política del poder para no aumentar la desocupación y la desesperación de la gente?
Además, lo más peligroso que puede existir es García hablando de autoridad, disciplina, tolerancia cero y otros conceptos que en su caso arrastran recuerdos ominosos. A lo que hay que agregar un Castañeda que no está entendiendo el país que tiene al frente, cegado por las encuestas que hablan de una apoyo que ya esta cerca del 100%.
Santa Anita es una prueba a todos nosotros.
Yo siento que he mantenido demasiado silencio en estos días de inminente desalojo y me doy cuenta ahora que se está jugando una carta decisiva en este mercado y que la situación puede girar en un sentido u otro según sea el desenlace de los acontecimientos. Si el gobierno puede imponerse por la fuerza, al costo que sea, es probable que piense que así debe encarar futuros desafíos sociales.
Pero también puede encontrarse con una resistencia que no pueda sobrepasar o que lleve a la pregunta de si era necesario recorrer el camino de la violencia.
Lo que es impresionante es que no se haga nada por establecer un diálogo y por tomar en cuenta el punto de vista de los comerciantes.
Cuando empezaba este drama, “Correo” publicó un editorial de su director que llevaba como título: “Echar a patadas a Herminio”
Y tal parece que esto es lo que todos debemos creer. Que la policía va a entrar a sacar al traficante de terrenos que ahora se escuda detrás de unos niños. Pero Porras no está detrás de los muros. Y los niños están con sus padres, que si son echados sin alternativas perderán su trabajo, su dinero y el futuro que tenían para ellos.
¿Alguien entrará en razón antes de que ocurra una tragedia?
Ellos, en todo caso, son ocupantes irregulares y víctimas de estafa de parte de los que les vendieron los puestos. Cuando el juez ordena sacar a los usurpadores, teniendo como fundamentació n los hechos protagonizados hace muchos años por Herminio Porras y otros, no se refiere a los comerciantes.
Nadie está persiguiendo a los causantes de lo que se califica como delito. Pero sobre la mesa hay una grave amenaza: se exige a los comerciantes que retiren a sus hijos porque están en peligro de muerte, lo que significa que también sus padres y madres lo están. El desalojo no es un trámite, es una guerra preanunciada.
En otro plano de la vida nacional tampoco se persigue a los narcotraficantes. Y por comodidad o estupidez se llama lucha antidrogas a la persecución de los campesinos que siembran hoja de coca.
Es el mundo al revés: la gente pobre y trabajadora que vive y trabaja en los bordes, es culpada por el estado de ilegalidad en que se desenvuelve gran parte de la sociedad peruana.
¿Cuántos terrenos y mercados están en situación de posesión que se discute ante los tribunales?, ¿qué va a pasar cuándo se resuelva echar a tanta gente?, ¿se responderá simplemente que hay que cumplir las sentencias y se entrará a sangre y fuego?, ¿no es necesaria alguna política del poder para no aumentar la desocupación y la desesperación de la gente?
Además, lo más peligroso que puede existir es García hablando de autoridad, disciplina, tolerancia cero y otros conceptos que en su caso arrastran recuerdos ominosos. A lo que hay que agregar un Castañeda que no está entendiendo el país que tiene al frente, cegado por las encuestas que hablan de una apoyo que ya esta cerca del 100%.
Santa Anita es una prueba a todos nosotros.
Yo siento que he mantenido demasiado silencio en estos días de inminente desalojo y me doy cuenta ahora que se está jugando una carta decisiva en este mercado y que la situación puede girar en un sentido u otro según sea el desenlace de los acontecimientos. Si el gobierno puede imponerse por la fuerza, al costo que sea, es probable que piense que así debe encarar futuros desafíos sociales.
Pero también puede encontrarse con una resistencia que no pueda sobrepasar o que lleve a la pregunta de si era necesario recorrer el camino de la violencia.
Lo que es impresionante es que no se haga nada por establecer un diálogo y por tomar en cuenta el punto de vista de los comerciantes.
Cuando empezaba este drama, “Correo” publicó un editorial de su director que llevaba como título: “Echar a patadas a Herminio”
Y tal parece que esto es lo que todos debemos creer. Que la policía va a entrar a sacar al traficante de terrenos que ahora se escuda detrás de unos niños. Pero Porras no está detrás de los muros. Y los niños están con sus padres, que si son echados sin alternativas perderán su trabajo, su dinero y el futuro que tenían para ellos.
¿Alguien entrará en razón antes de que ocurra una tragedia?
Raúl W.