Escribe: Dante Castro
Lo redujeron a una pequeña nota en el diario Perú 21 del viernes 15 de diciembre. Era todo un regalo anticipado por navidad a los deudos y familiares
de las víctimas del genocidio ocurrido en la isla penal en 1986. Como mi generación bien recuerda, fue el primer gobierno de Alan García el que perpetró la masacre carcelaria más atroz de la historia de América Latina, un 09 de junio de 1986. La minúscula nota anuncia que desaparecen la Quinta Fiscalía Supraprovincial de Lima, la cual tiene a su cargo, entre otros casos importantes, el de la matanza de El Frontón.
Ha declarado Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que: "No sólo se desactiva esta fiscalía, sino que, además, se ordena que todo su personal pase a otra fiscalía, con lo cual el otro fiscal partirá de cero, y lo único que las investigaciones tendrán asegurado es que no se hará nada durante un buen tiempo".
Como todos recordamos, el entonces presidente Alan García, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó la carnicería que costó la vida a 280 presos políticos. Su actual vicepresidente, el marino Luis Giampietri, fue el ejecutor. Por lo tanto, les conviene a ambos la desaparición de la fiscalía que los investiga.
Esta es una primera muestra de lo que está dispuesto a hacer el gobierno aprista durante los años que le quedan para gobernar. Si bien sus maniobras para otorgar amnistía a torturadores, masacradores, violadores y genocidas de uniforme no ha dado resultados inmediatos, le queda mover sus fichas de ajedrez dentro del tablero judicial. Ataca a los jueces y magistrados durante una semana; luego ataca a los maestros; luego a los parlamentarios; después vuelve a la carga contra los jueces y en medio de la tormenta le dedica un tiempo de sus iras non sanctas al Ministerio Público: desaparece una fiscalía, justo aquella que puede aperturarle proceso al presidente Alan García por su responsabilidad en la matanza de los penales de 1986.
Algunos recordarán que estos casos no pudieron ser investigados en el Congreso de 1990 porque el saliente Alan García tenía un pacto con Cambio 90, el partido del presidente Fujimori. La bancada aprista con la bancada fujimorista votaban juntas para que no se investigara al ex presidente García. Tampoco Fujimori quiso lograr la extradicción de García durante una década de supuestas intentonas. El japonés sigue detenido en Chile y tal como van las cosas, regresará al Perú para volver a ceñirse la banda presidencial. Hoy las investigaciones se dirigen contra Alejandro Toledo y Elian Karp; nuevamente los apristas más los fujimoristas unen esfuerzos.
Es lamentable que las huestes del camarada Gonzalo hayan renunciado a todo intento de hacer justicia a sus propios mártires. Con su consigna claudicante de "solución política a los problemas derivados de la guerra" alientan también la impunidad para masacradores y genocidas de uniforme. Así lo ha dicho expresamente el Dr. Alfredo Crespo en San Marcos. Amnistía para todos, para revolucionarios y contrarrevolucionarios. Que no se investigue más. Que no se judicialicen los casos investigados por la CVR. Enterrar el pasado y confraternizar. Ellos tal vez se imaginan a Abimael Guzmán y a Osmán Morote disfrutando parrilladas domingueras en casa de militares y policías, como muestra de "reconciliación nacional".
Pero no sólo se trata de la claudicación del entorno del camarada Gonzalo. También les falla la cabeza a los ultras que no quieren saber nada con los tribunales. A pesar que sectores anarco-infantilistas repiten la letanía: "no hay nada que esperar de la justicia burguesa", ya el caso del estudiantre desaparecido Erenesto Castillo Páez, ha dado los primeros resultados. Hay policías sentenciados por fin. Si bien no podemos estar del todo contentos con el fallo, debemos reconocer que el asesino y torturador gral. PNP Mejía León estará tras las rejas 15 años con varios de sus cómplices.
La izquierda revolucionaria, junto a diversos comités de familiares de víctimas de la guerra sucia, vuelve a agitar una vieja consigna: Ni olvido ni perdón. Sanción a los culpables de la guerra sin prisioneros. Así lo vienen haciendo las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, como también los familiares de detenidos-desaparecidos en Chile, judicializando las investigaciones de sus respectivas Comisiones de la Verdad. Y la nuestra no fue un dechado de virtudes, pero hay casos en los cuales se ha logrado individualizar a los responsables y cómplices. No cabe desperdiciar esos resultados. Urge exigir que se haga justicia a las víctimas del pueblo.
